DECLARACION DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA

El acceso a una vivienda digna es un derecho inalienable según lo establecen los Arts.14 y 17 de nuestra Constitución Nacional.

Sin embargo, familias enteras viviendo en la calle o hacinados en hoteles, villas o asentamientos o teniendo que pagar alquileres usurarios, que a veces llegan a absorber hasta el 50% del ingreso familiar, son la afrenta cotidiana en esta ciudad llena de recursos. Mas de ciento cincuenta mil núcleos familiares a quienes se les han conculcado sus derechos constitucionales.

Tal situación nos ha llevado a constituirnos en cooperativas para poder solucionar este problema crucial. Y aunque existan leyes (como la Nš341/964) que debieran permitir una rápida solución al drama habitacional, son múltiples las trabas que los cooperativistas enfrentamos cuando queremos que se cumpla lo que dichas leyes prescriben.

En primer lugar debemos afrontar la dura tarea de conseguir terreno y enfrentar las peripecias del mercado inmobiliario, a pesar de que el estado cuenta con miles de terrenos y predios ociosos (la mayoría de ellos en manos de la Corporación del Sur, sin ningún tipo de uso).

Y si llegamos a un acuerdo para comprar, el IVC se toma un mínimo de treinta a noventa días para la tasación (periodo en el cual podemos perder el terreno).

El estado, a través de sus organismos, lejos de apoyar los procesos autogestivos, que marcan las leyes 341 y 1251, somete permanentemente a los cooperativistas a un infernal tramiterío burocrático.

Hemos comprobado en la práctica que las cooperativas en forma aislada no pueden superar este pandemónium, lo que lleva a la desmoralización e incluso a la disolución de muchas de ellas.

Es necesario unirnos para poder accionar y revertir este cuadro.

Para ello las cooperativas abajo mencionadas hemos consensuado una serie de puntos con el propósito de convocar a las demás organizaciones para accionar conjuntamente ante los organismos responsables del área de la ciudad y dar una solución definitiva al problema de la vivienda.

Por lo tanto exigimos:

  1.  INMEDIATA COMPRA DE TERRENOS PARA TODAS LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS INSCRIPTAS EN EL PROGRAMA DE AUTOGESTION PARA LA VIVIENDA.
  2.  

  3. AUMENTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESTINADA AL PAV LLEGANDO AL 75% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL IVC
  4.  

  5. CONTROL DEL PRESUPUESTO DEL IVC POR LAS ORGANIZACIONES DE LOS SIN TECHO.

 

Abogando por los siguientes puntos:

  1. Creación de un Banco de Tierras, de acuerdo a lo que marca la Ley 1251, conformado por todas las tierras ociosas de la Ciudad Autónoma, pertenecientes al Estado (provincial, nacional, o GACBA) por derecho propio o por donaciones de entidades privadas o personas a algunos de sus organismos o por ejecuciones a empresas deudoras o por expropiación fundada en derecho o compra directa. Así como el traspaso de tierras de la Corporación del Sur. Las organizaciones podrán optar y tener prioridad por las tierras fiscales en función de su antigüedad en el PAV.
  2. Conformación de una Comisión de Control integrada por cooperativistas y sus ETI) con el propósito de agilizar, viabilizar y dar efectivo cumplimiento a todos los aspectos contemplados legalmente y que actualmente son obstaculizados por el manejo burocrático de los organismos de gobierno.
  3. Dicha comisión determinará un costo base de la unidad de vivienda y la definición de un índice de actualización que resuma las variaciones de los costos en la construcción y en el mercado inmobiliario.

    Las cooperativas fijarán las pautas de elección y duración en sus cargos de los miembros de dicha comisión. Los que serán por 6 meses, revocables y no renovables para garantizar la transparencia.

    No podrán ser miembros de dicha comisión quienes desempeñen funciones en el IVC u organismos del área de la vivienda.

  4. Fijación estricta de los plazos de ejecución de los proyectos habitacionales (Hay cooperativas que han escriturado hace años y aun no han colocado un solo ladrillo).

Ciento ochenta días como máximo desde que se presenta el terreno hasta el inicio de las obras. Establecimientos de plazos máximos para la ejecución de cada etapa de la operatoria, conforme al Art. 11° de la Ley 341, con un máximo de 180 días para el inicio efectivo de las obras: 90 días para la adquisición de los terrenos y 90 días para la aprobación de las obras.

A saber:

  1. Fijación de los montos de los créditos en función de la superficie cubierta, tomando como base los $ 60000 actuales mas las actualizaciones que correspondan y no por unidad familiar, sin que ello implique un aumento de la cuota por encima del 20% del salario del Jefe/a del hogar (tope máximo establecido para la cuota).
  2. Disponer canales de comunicación y personal con dedicación exclusiva que aseguren una rápida resolución de las gestiones en otras dependencias del gobierno: DGFOC, Escribanía General, Banco Ciudad, Procuración, etc.
  3. Comprender a la operatoria PAV dentro del marco formativo de operatorias propias del IVC, con lo cual posibilitar el acceso de las cooperativas a los beneficios que establece el Código de Edificación y Planeamiento para viviendas sociales.
  4. Conforme al articulo sexto de la Ley 1251, adquirir en forma directa por parte del IVC los inmuebles requeridos por las organizaciones, siempre que los plazos de esta gestión excedan los noventa días corridos, según lo estipulado en el punto c.

De conformidad firman: